Xinjiang, la mayor región de China, limita con ocho países, entre ellos las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, Mongolia, Afganistán, Pakistán e India.

Experimentó un breve período de independencia en la década de 1940, pero China recuperó el control después de que los comunistas tomaran el poder en 1949. Su nombre completo es Región Autónoma Uigur de Xinjiang.

Es el hogar de la minoría musulmana uigur de habla turca, que constituye unos ocho millones de sus 19 millones de habitantes.

Rico en recursos naturales, su desarrollo económico ha ido acompañado de una inmigración a gran escala de chinos Han.

Muchos uigures se quejan de la discriminación y marginación por parte de las autoridades chinas. El sentimiento anti-Han y separatista se ha hecho más frecuente desde la década de 1990, llegando a la violencia en ocasiones.

En agosto de 2018, un panel de derechos humanos de la ONU citó «informes creíbles» de que más de un millón de personas estaban recluidas en centros de lucha contra el extremismo en Xinjiang, planteando la preocupación de que China había convertido la región en «un campo de internamiento masivo envuelto en el secreto».

China negó la magnitud de las detenciones, pero reconoció que los uigures «extremistas religiosos» estaban siendo reeducados y reasentados.

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FACTS

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Image captionLos censores del gobierno se han colado en la web

Los medios de comunicación de Xinjiang están fuertemente controlados por el Partido Comunista y el gobierno locales. La Estación de Radiodifusión Popular de Urumqi y la Estación de Radiodifusión Popular de Xinjiang realizan emisiones de radio y televisión en chino, uigur y lenguas minoritarias.

Entre los principales periódicos estatales se encuentra el Xinjiang Economic Daily, en lengua china.

Las autoridades impusieron un cierre del acceso a Internet durante meses en Xinjiang tras los violentos disturbios de julio de 2009. Los bloggers, los internautas y los administradores de sitios web fueron «señalados para la represión», según Reporteros sin Fronteras.

En julio de 2017 las autoridades exigieron a los residentes que instalaran en sus teléfonos móviles una aplicación que escanea los dispositivos e informa a las autoridades de lo que encuentra.